Uruguay suscribió el 3 de marzo un convenio con la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC), en el que se comprometió firmemente a emprender una lucha contra el lavado de dinero.

En pocos días, técnicos internacionales llegarán al país para capacitar a controladores de cuentas corrientes de casinos, cambios, bancos, oficiales de cumplimiento y oficiales de Policía de Inteligencia Financiera.

En una segunda etapa se trabajará con efectivos de la Policía, jueces y fiscales. El coordinador de los técnicos extranjeros –que ya está trabajando en el país- es el doctor Marcelo Decoud, que es asesor de Scotland Yard y trabajó en la operativa para capturar las cuentas del ex presidente de Perú Alberto Fujimori.

Pero el tema del lavado de activos tiene larga data en Uruguay e incluso, organismos internacionales advirtieron al país que era un claro "caldo de cultivo" para este ilícito. En cierta manera, en 2002, los organismos internacionales le mostraron a Uruguay una "tarjeta amarilla", advirtiéndole que estaba en zona de riesgo y que esto era una muy mala señal para la inversión de capitales extranjeros.

El entonces presidente de la República, Jorge Batlle, elevó un proyecto de ley que tipifica este delito y que fue aprobado por todos los partidos políticos en 2004. La ley 17.835 fue reglamentada y puesta en marcha por este gobierno, según informó a Índice 810 el senador oficialista Jorge Saravia, representante de Uruguay ante la GOPAC.

"El gobierno y los parlamentarios tratamos de aplicar la ley que se aprobó en 2004 y ver qué claroscuros deja en el futuro. Después, hay que chequear para que a nivel parlamentario se pueda corregir algunas perforaciones que pueda generar la ley por medio del crimen organizado, que siempre logra evadir en algún sentido", explicó el legislador.

La ley actual tipifica por primera vez el lavado de activos asociado al terrorismo, narcotráfico, secuestro, extorsión, tráfico de armas, órganos y cuadros.

Si bien no se han cuantificado los volúmenes de dinero que se lavan anualmente en Uruguay, es notorio que las instituciones de intermediación financiera son las que tienen mayor nivel de riesgo. Un ejemplo claro fue la operativa que realizaba la organización de narcotraficantes detenida la semana pasada, en la cual se mencionan cifras millonarias en dólares del lavado, en propiedades y en inversiones, incluso de un frigorífico, señaló Saravia.

Sobre esto, cabe recordar que, según publicó el martes pasado el diario Ultimas Noticias, las autoridades se aprestan a confiscar los bienes de la banda y la Justicia a levantar el secreto bancario de sus cuentas, ya que el lavado de dinero de la organización alcanza cifras millonarias en dólares.

Pero las cuentas bancarias no son la única forma de lavar dinero que se registran en el país. Estas organizaciones tienen cada vez más modalidades para delinquir, por lo cual el gobierno no sólo incrementó los controles en las cuentas bancarias, sino también en cuentas corrientes de casinos, galerías y exposiciones de arte –principalmente en Ciudad Vieja- y en los cultos religiosos, una forma de lavar dinero que viene creciendo en los últimos años.

"En una sesión religiosa a campo abierto o en un local, en el que el pastor de la iglesia convoca a sus fieles, en general, hay una donación de importantes sumas de dinero, por debajo de lo que se limita el ingreso al país (pueden ingresar los que donan menos de 10.000 dólares). De eso se puede hacer un acta y depositar el dinero en la cuenta del culto. Y como es un delito colectivo, difícil de probar que sea de lavado activo, y como el ingreso de los dineros por menos de 10.000 dólares no hay que declararlos en la frontera, esa cuenta no se chequea en el banco cuando se deposita", explicó Saravia.

El senador dijo a Índice 810 que la futura aplicación de la ley que pasa las sociedades de anónimas a nominativas, así como el levantamiento del secreto bancario ante la sospecha de evasión fiscal, son herramientas que ayudarán al combate contra el lavado de activos.

"Por ejemplo, el cartel de Juárez y este cartel de la droga que operó en Uruguay, por montos que se calculan en 80 millones de dólares, lavaba activos comprando tierras también. Y ahí, la sociedad anónima con acciones al portador es una herramienta para ocultar el lavado de activos", sostuvo.