Los “índices de percepción” se fundan en encuestas realizadas entre empresarios, dirigentes, analistas y diversas entidades sociales. Reflejan, así, opiniones, y no se apoyan en datos de la realidad. Tales opiniones son frecuentemente influidas por factores o posiciones de tipo político, económico, cultural e incluso personal, que las desvían de una apreciación objetiva. Una muestra simple: la muy buena calificación que ponen los operadores consultados a países que mantienen sistemas financieros o societarios que favorecen el lavado de dinero y el ocultamiento de activos que provienen, por lo general, de hechos ilícitos o actos de corrupción. Hay países que son percibidos como muy prolijos (y lo son, en otros planos) a pesar de estar institucionalmente asociados a la circulación internacional de los fondos producidos por la corrupción.
El comentario precedente no es original. Desde hace años, en los ambientes especializados, se insiste en cambiar las mediciones de percepción por otras más objetivas.
En la Conferencia Internacional de Organismos de Lucha contra la Corrupción, con la participación de 137 países y el apoyo de la Oficina de la ONU contra la droga y el crimen, realizada en octubre de este año en Pekín, se coincidió en marcar las deficiencias de aquellos índices. Así, en su declaración final, se destaca “la falta de métodos científicos para medir la corrupción y la urgente necesidad de datos objetivos y precisos sobre su existencia e impacto”.
Por añadidura, en la presentación local del informe de Transparency se mezclaron comentarios sobre cuestiones de política legislativa e institucional, como la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, las delegaciones de facultades y la reglamentación legal del Consejo de la Magistratura, que, por cierto, son opinables o debatibles, pero que no tienen que ver con una medición de la corrupción.
Los índices de percepción de la corrupción de Transparency se empezaron a publicar en 1995 y, en esa época, los operadores consultados mostraban, sorprendentemente, una visión más positiva que la actual respecto de la Argentina.
Es sorprendente, porque, por medio de datos objetivos, se puede advertir cuánto ha avanzado nuestro país en la prevención y lucha contra la corrupción en la última década y cómo sus instituciones se pueden colocar a la par o por encima de las de otros países mejor calificados.
Lo expuesto no significa ignorar los claroscuros que presenta la Argentina en la materia, mirando a los distintos factores: la sociedad en general, la administración, el sistema legal, la Justicia.
En el plano de la opinión pública, se registra un positivo crecimiento en la demanda de mayor transparencia y en la actitud crítica frente a la posibilidad de corrupción de dirigentes políticos, económicos y sociales. Igualmente, la Argentina puede mostrar una intensa presencia de organizaciones no gubernamentales comprometidas con la materia.
Sin embargo, todavía hay mucho camino por recorrer. Las carencias fueron analizadas en el libro clásico de Carlos Nino Un país al margen de la ley (1992) y, más recientemente, por Hernández, Mora y Araujo y Zovatto en Argentina: una sociedad anómica (2005), y por informes de Aresco (2004/2005) y de la Universidad de Belgrano (2005), entre otros.
Ello requiere una tarea profunda y prolongada de toma de conciencia y de impulso a la educación en valores, tanto en el plano de las instituciones educativas como de los medios de comunicación social.
También requiere mayor apoyo un componente necesario para desarmar las tramas de corrupción: los denunciantes y testigos. En la Argentina, con alguna frecuencia, quienes toman conocimiento de tentativas o actos de corrupción (empresarios, profesionales, comerciantes, etcétera), en el mejor de los casos los comentan con disgusto o se quejan en voz baja, pero poco hacen para ponerlos efectivamente en descubierto, cuando no se convierten en partícipes de los mismos.
En el plano del control patrimonial de los funcionarios públicos, el Gobierno puede exhibir uno de los sistemas más avanzados del mundo. Más de 25.000 funcionarios (comprendiendo desde el Presidente, ministros, secretarios, subsecretarios y directores, hasta autoridades de entidades autárquicas y empresas con participación estatal, cuerpo diplomático, rectores y decanos de universidades, miembros de las FF.AA. y de Seguridad, etcétera) deben presentar declaraciones juradas detalladas a su ingreso en la función, renovarlas anualmente y, por último, a la baja. Son de acceso público y la Oficina Anticorrupción realiza un monitoreo periódico de diferencias significativas que pudieran dar lugar a la apertura de investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito.
Al lado de ese avance, debemos admitir algunos retrocesos: este año, la AFIP ha dejado de prestar colaboración con los organismos de investigación al negar información tributaria sobre los funcionarios presuntamente responsables de enriquecimientos ilícitos.
Se destaca positivamente la amplia apertura del acceso a la información pública, establecido por el decreto 1172 firmado por el Presidente en diciembre de 2003. Aun cuando esta normativa no tiene nivel de ley compromete, de cualquier modo, a la administración pública nacional con un alcance muy superior al ya existente.
Otro elemento es el desarrollo legislativo para la lucha contra la corrupción. La adhesión y participación argentina en las convenciones Interamericana y de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en el Grupo de Acción Financiera Internacional (para la prevención y lucha contra el lavado de dinero) y en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (para la prevención del soborno trasnacional) nos coloca en un grupo muy selecto de países que son objeto de evaluaciones periódicas por sus pares, acerca del cumplimiento de los objetivos de dichos instrumentos internacionales.
En los últimos años, en nuestro país se adoptaron medidas para un más estricto control del lavado de dinero en operaciones financieras e inmobiliarias y para poner límite al abuso de las sociedades offshore, utilizadas para ocultar el origen y la titularidad de los activos.
El Código Penal, aun siendo mejorable, contiene todas las figuras requeridas por las convenciones internacionales contra la corrupción, incluida la del enriquecimiento ilícito de funcionarios, que no existe en la mayoría de los países.
En la aplicación judicial de tales normas, encontramos progresos y asignaturas pendientes. La Justicia ha avanzado en la investigación de casos significativos de corrupción mucho más de lo que ocurría hace diez años. Sin embargo, en la justicia federal, los procesos en tal tipo de causas siguen siendo demasiado prolongados y demoran muchos años para llegar –cuando llegan– a la etapa decisiva del juicio oral, por medio de la cual es posible obtener un pronunciamiento judicial sobre el hecho denunciado.
En ello inciden diversos factores: un procedimiento que, en su momento, resultó un progreso pero es ahora anticuado; la complejidad de la mayoría de las causas y la prolongación de las medidas de prueba; el múltiple e intenso ejercicio de su defensa por los imputados y, en algunos casos, la actitud reticente o dilatoria de los jueces.
Esa demora en las sentencias genera en la sociedad algún escepticismo sobre el destino de las denuncias por corrupción. Frente a ello, en la Oficina Anticorrupción estamos comprometidos a impulsar la mayor cantidad posible de elevaciones de causas a juicio, y por ende, de sentencias.
La evaluación de todos los elementos de la realidad argentina que hemos mencionado muestran, en conjunto, avances y logros en una mayor transparencia institucional y social, y en la lucha contra la corrupción, y también carencias y cuestiones pendientes. Un balance más equilibrado y de mejor color que la resultante del informe “de percepción” fundado en opiniones sectoriales, al que nos referimos en el principio de esta nota.
**El autor es titular de la Oficina Anticorrupción del gobierno nacional. |
