La conferencia fue presidida por la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Zulay de Vásquez, quien sostuvo que el lavado de dinero se ha convertido en una amenaza mundial para los sistemas financieros y comerciales. “Esto no sólo permite que se legalicen fortunas derivadas de actividades ilícitas como el secuestro, el contrabando y la corrupción, sino que desencadenan una serie de procesos que perjudican el buen nombre de la nación y deteriora la economía”.

Fernández Alfaro señaló en su exposición que en 1989 nació el Grupo de Trabajo de Acción Financiera sobre el Lavado de Dinero (GAFI), conformada por 29 países, cuya finalidad es de hacer diagnósticos nacionales e internacionales previos y tomar las medidas pertinentes contra el lavado de dinero.

Explicó que ante esta situación, el Gobierno llevó a cabo un trabajo conjunto con el sector privado para actualizar nuestra legislación en materia de prevención y blanqueo de capitales. Panamá tenía con anterioridad una legislación para prevenir el lavado de dinero producto del narcotráfico, sin embargo, no cumplía la expectativa para poder consolidarse como país cooperador.

Indicó Fernández Alfaro que fue así que surgieron una serie de leyes (la 41 y 42) en la que se aplicaron otras normativas, teniendo en cuenta que habían otras formas para blanquear dineros. Y tras esta labor del gobierno nacional, el 1 de febrero de 2001 el GAFI reconoce los avances de Panamá en la lucha contra el lavado de dinero. Posteriormente a ello, miembros del GAFI realizaron una evaluación In Situ a Panamá y se van satisfechos.

En junio del 2001 Panamá fue excluida de la lista de países o territorios no cooperadores del GAFI.