Así lo señaló el titular de la Fundación Argentina para la Prevención el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (FAPLA), Francisco D`Albora, durante un seminario realizado en el Hotel Alvear.

"Se trata de una modificación parcial, sumamente acotada y a todas luces insuficiente", que tiene por objeto la pretensión de satisfacer "algunos de los variados cuestionamientos del Grupo de Acción Financiera (GAFI) sobre la normativa argentina", aseguró D´Albora.

El directivo agregó que "se mantiene aún pendiente la indispensable reforma integral que permita aplicar, de una vez por todas, un sistema eficaz de prevención y contralor del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, con tipos penales compatibles con nuestro sistema jurídico".

La jornada contó también con la organización de la asociación Forum y de la misma tomaron parte la gerente de Análisis y Seguimiento de Operación Especial del Banco Central, Delia Cortelletti, el director de la Unidad de Información Financiera, Carlos del Río y el director de Análisis de ese organismo, Jorge Mosteiro. Los expertos analizaron la recientemente publicada Ley 26.087 modificatoria de la Ley 25.246 de Lavado de Activos de Origen Delictivo.

D´Albora aseguró que la nueva norma "no trepida en modificar el Código Penal" y que "se ocupa de aspectos absolutamente innecesarios y superfluos, como la aclaración de que las excusas absolutorias del encubrimiento no se aplican al lavado de activos".

Por su parte, Del Río también consideró que la modificación publicada esta semana en el Boletín Oficial "se ve poco convincente" en cuanto a la posibilidad de levantar el secreto fiscal en operaciones sospechosas.

"La norma dice que la AFIP podrá levantar el secreto", aclaró el director de la UIF, por lo que consideró que la legislación "cubre una mínima parte de lo que necesitamos".

Por su lado, Cortelletti defendió las reglamentaciones impulsadas por el presidente del Banco Central, Martín Redrado, para evitar que el sistema bancario sea usado para el lavado de dinero, como lo es la obligación de cada entidad de contar con un comité interno y un responsable para informar y evaluar operaciones sospechosas.

"Queremos que el management de las entidad se involucre en la prevención del lavado", indicó la funcionaria del Banco Central.

Cortelleti explicó además que Redrado impulsa la creación de un comité regional de bancos centrales para analizar los efectos negativos sobre los bancos de América Latina de la denominada Act Patriot de Estados Unidos que implicó el cierre del 60 por ciento de las cuentas de las casas de cambio de la región por caer dentro de la definición de poco seguras.

Mosterio, en tanto, también criticó la ley 26.087 al señalar que "no contempla la tipificación del delito de lavado de dinero", y adelantó que la UIF "está trabajando "en nuevas reglamentaciones" para los agentes obligados a suministrar información de operaciones sospechosas.

Al igual que Del Río, el funcionario consideró poco claro el texto de la ley respecto del secreto fiscal ya que no obliga a la AFIP a informar datos de operaciones de los contribuyentes.

"Va a ser necesario esperar a ver qué actitud asume el organismo", señaló Mosteiro quien dijo que del total de informes recibidos por la UIF tan solo el 8 por ciento corresponden a la AFIP.

CGL MAR