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A inicios de abril, el Gobierno enviará un proyecto de ley para perfeccionar el sistema de combate al lavado de dinero. Y aunque recién en agosto pasado el Congreso aprobó uno que aumentó las atribuciones de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) al respecto, las autoridades quieren insistir en el punto y recoger al menos parte de las recomendaciones que el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) emitió en su informe de diciembre pasado.
La subsecretaria de Hacienda, María Olivia Recart, cuenta que el Ejecutivo patrocinará y sumará indicaciones a la moción presentada por el diputado Jorge Burgos (DC). Ésta busca que el Ministerio Público pueda levantar el secreto bancario previa autorización de un juez de la Corte de Apelaciones, tal como puede hacerlo la UAF.
Gafisud
"Hemos estado mirando las recomendaciones del Gafisud para ver si es posible hacer algunas modificaciones legales pequeñas, y que nos interesa hacer. Así, presentaríamos un paquete de medidas sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, probablemente a principios de abril", menciona la autoridad de Gobierno.
En su informe, el Gafisud planteó que Chile tenía siete incumplimientos -de un total de 49 ítemes- en el combate a estos flagelos. Por ejemplo, que no tiene a algunas profesiones (abogados, contadores) como sujetos obligados a reportar a la UAF sobre operaciones sospechosas que ellos presencien, o que falta un control más riguroso sobre las casas de cambio. También critica la falta de control sobre el patrimonio de los organismos no gubernamentales (ONG).
"No creemos que todas las recomendaciones realizadas por el Gafisud deban implementarse en Chile", afirma Recart, quien agrega que varias de esas sugerencias pasan -en todo caso- por realizar cambios de carácter administrativo, normativo y, las menos, legal. El director de la Unidad de Lavado de Dinero del Ministerio Público, Mauricio Fernández, ha destacado que la corrupción es otro de los puntos que la UAF debería atacar. Y Recart coincide: "Todo dinero mal habido puede provenir de una fuente que esté relacionada con el lavado de activos".
Corrupción
Eso sí, no es partidaria de que la UAF tome la información de los sueldos de los funcionarios públicos, y que haga cruces con otros datos que den luces de una eventual corrupción. "Sin una operación sospechosa (reportada), no hay razón para meterse en la vida de ningún funcionario público o privado", observa tajante. |
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