“La información es vital para proceder y ante su ausencia los Estados no pueden hacer nada para concretar el reporte de una acción sospechosa”, explicó la diputada nacional Rosario Romero (PJ-Entre Ríos), en referencia a las modificaciones de la Ley Número 25.246 de Lavado de Dinero, que permitirán efectuar mayores controles ante reportes sospechosos. Entre los principales cambios que se quieren introducir en la norma se establece el levantamiento del secreto bancario, bursátil o profesional y de los compromisos de confidencialidad ante la Unidad de Información Financiera. “El lavado de dinero está vinculado con el narcotráfico y con hechos de terrorismo”, dijo Romero e indicó que la modificación de la ley encontró objeciones en las instituciones bancarias.

Según la legisladora, “el secreto tiene que ceder en el caso de un reporte sospechoso, y hubo mucha resistencia de los bancos y de otros organismos. Esta cuestión suscitó una gran discusión jurisprudencial. Modificamos lo que ya tenía media sanción del Senado. Nosotros ratificamos esos ajustes”.

Los cambios que se quieren introducir a la normativa vigente -que será tratada esta tarde en la Cámara Baja- establecen el levantamiento del secreto bancario, bursátil o profesional y de los compromisos de confidencialidad ante la Unidad de Información Financiera. Con relación al secreto fiscal, la iniciativa indica que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sólo podrá revelarlo en aquellos casos en que el reporte de la operación sospechosa lo realice el mismo organismo. En caso contrario, ante el pedido de información la AFIP sólo levantaría el secreto fiscal por orden judicial.

Al respecto, la diputada Romero explicó que “el lavado de dinero está vinculado con el narcotráfico y con los hechos de terrorismo en Argentina. Por eso, la información es vital para proceder. Si no se obtiene, los Estados no pueden hacer nada para concretar el reporte de una acción sospechosa”.

“Hay un artículo de la ley que prevé que si se solicita información a un organismo, éste no puede tardar más de 30 días en brindarla”, agregó la legisladora en diálogo con A quien corresponda (Radio Del Plata Paraná).

La diputada se refirió a otros puntos en los que la modificación de la normativa vigente les permitiría avanzar: “Estamos trabajando para lograr eliminar las excusas absolutorias de los parientes y amigos que se benefician económicamente con el delito”.

Además, se refirió a las sanciones que se prevén para los organismos públicos que se nieguen a brindar información: “En esos casos se incurriría en el delito de incumplimiento de las obligaciones de funcionario público. Además, se puede informar al juez para que se los obligue a levantar el secreto”.

“No hay que olvidar que estamos defendiendo valores tan importantes como la vida humana. Con estas modificaciones implementaremos nuevas formas de prevenir el delito. Argentina no es cualquier país en materia de narcotráfico y de terrorismo: ya tuvimos el atentado de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina)”, concluyó.