La Comisión Nacional Bancaria y de Valores precisó que las personas políticamente expuestas son las sujetas de juicio político, como diputados, senadores, ministros de la SCJN, secretarios de Estado, procuradores de justicia, gobernadores y funcionarios públicos en general.

Lo que también incluye al jefe de Gobierno del Distrito Federal, magistrados de circuito, directores generales de empresas descentralizadas o de participación estatal mayoritaria, principalmente.

El funcionario detalló que los bancos contarán con una base de datos en la que se califique a estos clientes como de "alto riesgo".

Estos usuarios, por sus características, recibirán vigilancia permanente en cuanto a los movimientos de sus cuentas.

Sus expedientes se deberán actualizar una vez al año y en algunos casos se procurará obtener datos de su cónyuge, dependientes económicos y de las sociedades donde mantengan vínculos patrimoniales.

Los intermediarios ya iniciaron la renovación de formatos para conocer a todos sus clientes, en los que el depositante debe declarar si los recursos son propios o de terceros.

También se aplica un cuestionario interno que suscribe el ejecutivo de cuenta al momento de sostener una entrevista personal con el prospecto de cliente.

Este procedimiento es obligatorio para las personas con "alto riesgo" transaccional y para aquellos que pretenden depositar una cantidad considerable de recursos.

Hace unos meses, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda difundió una guía sobre operaciones inusuales y sospechosas que podrían vincularse al lavado de dinero.

En el oficio se precisaron 100 diferentes comportamientos en el sector financiero que podrían relacionarse con operaciones de blanqueo.

La dependencia giró instrucciones a bancos, casas de bolsa, aseguradoras y afianzadoras para reportar o investigar aquellos clientes cuyo comportamiento es sospechoso.

Se indagará, por ejemplo, operaciones que involucran montos inusualmente elevados en efectivo y sin justificación; a quienes cuestionan a los ejecutivos sobre los reportes de las transacciones o hacen intimidaciones. Se evaluará a los que invierten grandes cantidades en productos de baja rentabilidad; a los que solicitan discreción respecto de los detalles de la operación, entre otras conductas.